La Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) es el órgano rector del Sistema Presupuestario Público, el cual es el encargado de cumplir las atribuciones que le confiere el artículo 21de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP,Gaceta Oficial número 37.029, publicada el 5 de septiembre del 2000).
Según su visión, “La Oficina Nacional de Presupuesto se proyecta como la oficina rectora que integra a su función de control presupuestario, la interrelación con los demás sistemas administrativos y financieros públicos como mecanismo para el seguimiento de la productividad y/o eficiencia del gasto público mediante la innovación de sus procesos y el énfasis en la calidad de su recurso humano”.
Dentro de sus funciones, a la Onapre le corresponde participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que, para el sector público nacional, elabore el Ministerio de Finanzas. Participar en la elaboración del plan operativo anual y preparar el presupuesto consolidado del sector público. Participar en la preparación del proyecto de ley del marco plurianual del presupuesto del sector público nacional bajo los lineamientos de política económica y fiscal que elaboren, coordinadamente, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, de conformidad con la ley.
También le corresponde Aprobar, conjuntamente con la Oficina Nacional del Tesoro, la programación de la ejecución de la ley de presupuesto; Preparar y dictar las normas e instrucciones técnicas relativas al desarrollo de las diferentes etapas del proceso presupuestario; Analizar las solicitudes de modificaciones presupuestarias que deban ser sometidas a su consideración y emitir opinión al respecto; Asesorar en materia presupuestaria a los entes u órganos regidos por esta Ley, entre otras atribuciones que le confiera la ley.
¿Por qué molesta a los trabajadores del sector público?
El motivo de las constantes protestas que se han suscitado los últimos días en el país contra este órgano, se debe a que los trabajadores públicos piden la anulación de un instructivo presupuestario que ocasionó la reducción del cincuenta por ciento de sus salarios en los últimos meses, según denuncian.
Luego de la reconversión monetaria de 2018, la Onapre creó el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales, Empresas Estratégicas. Este instructivo técnico tiene como propósito regular los tabuladores salariales de los trabajadores públicos. También orientar sobre cuánto debían cobrar en primas y bonos de acuerdo con sus escalas de profesionalización, antigüedad y demás competencias.
Desde mayo de 2020, los trabajadores advirtieron problemas en el instructivo, el cual ya consideraban que atentaba contra muchas de sus reivindicaciones laborales. Varios sindicatos incluso solicitaron a finales de 2021 su reemplazo por mesas técnicas. Sin embargo, fue con el último aumento salarial decretado por Nicolás Maduro en marzo de 2022 que surgió el verdadero quiebre entre los trabajadores y los patrones de los ministerios.
El principal problema del instructivo actual es que pasa por encima de los contratos colectivos, derogando de facto muchos de sus beneficios y métodos de cálculo. Sin embargo, lejos de ser una disposición general aplicada a todos los ministerios y empresas públicas, afectó solo a sectores específicos. Un caso fue el de la ministra de Educación, Yelitze Santaella, y su par para la Educación Universitaria, Tibisay Lucena. Ambas aprobaron el esquema en lugar de abrir la discusión de un nuevo contrato, como había prometido Nicolás Maduro en marzo.
Según los sindicalistas y gremios de educación denuncian que el «instructivo Onapre» viola acuerdos de las convenciones colectivas vigentes y disminuye los montos de las bonificaciones. Por ejemplo, no toma en cuenta la antigüedad del personal.
Según los reclamos, el gobierno fijó rebajas salariales, recortó las primas e hizo cálculos errados al momento de determinar los pagos periódicos para el personal de los distintos sectores educativos. Esa norma contravino los acuerdos de las convenciones colectivas en materias como bonos para uniformes y días festivos de los empleados del Estado, insisten.
El gobierno bautizó oficialmente la polémica y discutida norma como el “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”.
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En el caso de los docentes, empleados y obreros universitarios, su ejecución compete al Ministerio para la Educación Universitaria, a cargo de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena.
Voceros universitarios dicen que el instructivo también desapareció de un plumazo algunos conceptos de pago, como las primas de titularidad y la de por hijos con discapacidad.
El sector salud también fue uno de los más golpeados por la medida. El Colegio de Enfermeras del Distrito Capital estima que se recortó un 47 % del sueldo de su personal, que cuenta con un salario base de 245 bolívares (43,7 dólares a tasa oficial). Situaciones similares se han visto también con obreros de empresas como la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) o Supra Caracas.
agencias.
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